La Jueza de Paz de Viedma, Elsa Sartor, condenó a un abogado a pagar las costas de un juicio ejecutivo de manera solidaria con su defendido, pues el profesional “actuó deficientemente, perjudicando en la práctica a su cliente”, se informó hoy desde la Justicia.

Mientras que otro abogado de la capital provincial, conocido por aparecer involucrado en otros episodios delictivos, será llevado a juicio por presuntas estafas y uso de documentos falsos.

El primer caso se inició cuando una persona presenta un trámite ejecutivo para cobrar un pagaré. La sentencia sale a su favor y se embarga el sueldo de la demandada. Frente a esta disposición judicial, la persona ejecutada se presenta ante el Juzgado de Paz, con el patrocinio de un abogado (no fue identificado), argumentando que había realizado los pagos de manera consecutiva, cancelando la totalidad del documento firmado.

Señaló que “el pagaré fue suscripto en garantía, y que, ante el pago de la deuda, la actora debió dar de baja dicho documento”. Por lo tanto solicitó que se deje sin efecto la retención sobre su sueldo. Sin embargo, no acompañó los documentos que acrediten dicho pago, que por lo general es un recibo.

Al momento de resolver, la Jueza de Paz argumentó que “tal como lo indica el art. 544 inc. 6 del CPCC” el pago “debe encontrarse probado al momento de oponer la excepción de defensa”.

Esta obligación, dice la Jueza de Paz, “es carga del letrado patrocinante, quien como asesor de su cliente está obligado a poner toda su pericia, conocimientos y prudencia a fin de lograr un resultado exitoso, sin desconocer que solo tiene una obligación de medios”.

“En este caso concreto el letrado no solo no acompañó la documental fundamental que permita analizar, al menos, la procedencia o no de su planteo, sino que tampoco realizó la mínima diligencia para notificar a la contraria de su petición, conducta que perjudica a su cliente ya que la demora en la tramitación de la causa, bloquea el cobro del dinero depositado en autos por parte de la actora, lo que genera intereses en perjuicio de su cliente”, recalca el fallo.

Cita bibliografía al respecto: “es el patrocinante quien debe controlar e impulsar el proceso, porque naturalmente es quien tiene los conocimientos específicos para ello".

Frente a esta situación, se dispuso no hacer lugar al pedido, y fijar las costas del proceso de manera solidaria entre la persona demandada y su abogado.

 

 

Se hizo pasar por funcionario provincial

 

El otro abogado que está en el foco de la Justicia fue identificado por el Ministerio Público Fiscal con las siglas IG. Es Ignacio Galeano.

Hoy el fiscal Guillermo Gonzalez Sacco presentó la prueba que utilizará en el debate oral y público que se sustanciará contra letrado, a quien considera autor de los delitos de estafa y uso de documentos falsos. En la audiencia de control de acusación, hizo lo propio la Defensora oficial Graciela Carriqueo.

El delito imputado por la Fiscalía fue cometido entre los meses de agosto de 2013 y julio de 2014 cuando el acusado, haciéndose pasar por un asesor de la Secretaría de Hacienda y aludiendo además “tener contacto e influencia con la política rionegrina”, engañó a un representante de diversas asociaciones mutuales.

El damnificado, hoy querellante en el proceso penal, delegó en el imputado la continuidad de trámites relativos a descuentos de haberes de empleados estatales.

En ese proceso intervino el hombre considerado partícipe necesario, quien recorrió la provincia gestionando estos supuestos beneficios con los municipios, lo que nunca dio sus frutos.

No obstante, le hicieron creer que existían avances en la gestión y para demostrarlo le enviaron diversas resoluciones, notas y decretos que tenían firma, membrete y sellos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía; así como de convenios entre la Secretaría de la Función Pública con diversas cooperativas y mutuales públicas y privadas.

Cada movimiento en el marco de este proceso implicaba, por parte de la víctima, una erogación de dinero en favor del Estudio Jurídico que en total superó los 130.000 pesos.
En el debate, que se realizará ante tres jueces de juicio ya que la pretensión punitiva excede los tres años de prisión, comparecerán como testigos una decena de personas, entre ellas la Secretaria de la Función Pública y funcionarios provinciales de Hacienda y de la Secretaría Legal y Técnica.

Además, a través de los testigos, entre los que se encuentra la víctima de los hechos, se presentará la documentación que según la Ficalía prueba la defraudación.

El otro hombre implicado en el hecho aceptó el viernes un procedimiento abreviado en el que la acusación solicitó la pena de un año y seis meses de prisión condicional. Su representación legal fue ejercida por el Defensor oficial Pedro Vega.