El gobierno provincial prevé continuar con esos retiros, con un listado de 4.000 a 4.500 agentes que accederán a la edad y los requisitos de hacerlo en el transcurso de los próximos siete años.

La norma N° 4640 exigía el pago total de los aportes al sistema previsional de los haberes percibidos por los estatales que ingresaran en los últimos 10 años para acceder al retiro jubilatorio. Ese aporte pleno al régimen jubilatorio se traduciría en mejoras en los futuros haberes pasivos.

La efectiva aplicación se inició en junio del 2016 con los blanqueos y, posteriormente, el esquema se complementó con un plan de pago en favor de los agentes para sus contribuciones personales, acordado entre la provincia y AFIP. Esos cumplimientos adeudados tendrá una continuidad en ocasión de la cancelación de las jubilaciones.

A octubre pasado, desde la operatividad de la ley, Río Negro concretó y avanzó en el tramite jubilatorio de 1.165 estatales.

Un total de 736 agentes ya no están en el Estado, discriminado con un 181 beneficiarios en el 2016, 472 registrados en el 2017 y 83 en el presente año. Hay otros 409 expedientes por concluirse, con 324 con los trámites finales en el Anses y 105 activos con rectificación en los próximos días. Río Negro presenta otros 4.000 a 4.500 estatales en la franja para jubilarse en los próximos siete años, considerando el número de agentes provinciales alcanzados por la ley y los descuentos en ocasión de la puesta en marcha, en junio del 2016.

En ese momento, la Función Pública informó de 5.605 estatales en el tramo de los 10 años para su jubilación.

En el 2011, en la gestión radical de Miguel Saiz, la Legislatura aprobó la ley 4640 que dispuso que el Estado abone los aportes y las contribuciones por la totalidad de las remuneraciones en los agentes mayores de 55 en los hombres y 50 años en las mujeres.

Este diseño no se implementó y tomó forma recién con el decreto N°644, del 2015. Esa norma se alentó la inscripción de los interesados y aceptar la adhesión al plan de regularización con la AFIP para que los estatales cumplan con sus contribuyentes pendientes, con cancelaciones de hasta en 84 cuotas.

En abril del 2016, el anuncio de la puesta en marcha de la implementación se concretó en un acto del gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general, Juan Carlos Scalesi. En esos tiempos de fuertes vínculos, el mandatario reivindicó a UPCN por sus planteos, “desde hace años, que el Estado cumpla con esa ley, incluso en algunos por la vía judicial”. En su respuesta, el gremialista resaltó la “buena voluntad” del gobernador, pues “primo el hecho político”, y la “buena intención” de “retirar el tema de la justicia y llevarlo al ámbito de racionalidad y justicia social que merecemos”.