El pedido que en el marco de esta semana realizó el abogado defensor de Carlos Mobilio para lograr la libertad de su defendido, detenido hace más de 4 años por el crimen de Karen Álvarez, no solo generó una amplia movilización en la comunidad -tanto en las calles como en las redes sociales ante la posibilidad que se cristalice una injusticia- sino que trajo a la memoria hechos de similares características ocurridos también en la localidad.

Los jueces están obligados ahora a fallar teniendo en cuenta los alcances de la jurisprudencia, y los reclamos que a viva voz hacen víctimas y familiares de víctimas.

Más allá de la condena a reclusión perpetua que recibió Mobilio por un crimen que los jueces rionegrinos dieron por comprobado, la sentencia no está firme porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó revisar el fallo, lo cual abre dos posibilidades: Que se corrobore la condena establecida por la Cámara del Crimen, que a su vez ya fue corroborada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro; o que se ordene la revisión de la misma por un Tribunal de distinta composición.

Cualquiera sea la resolución final, para que esta se produzca deberá pasar mucho tiempo y la presencia de Mobilio en la cárcel es a razón de la prisión preventiva.

Sobre este particular, los pactos internacionales sobre derechos civiles y humanos como el suscripto en San José de Costa Rica, mencionan a la prisión preventiva como una medida excepcional, la cual no puede superar un monto de tiempo establecido.

En el caso de Mobilio, ese tiempo está ampliamente superado: Está preso desde el mismo día en que ocurrió el crimen, el 26 de octubre de 2014, y fue condenado en febrero de 2017.

Pese a ello, la sentencia no está firme y la jurisprudencia actual habilita a que la Justicia ordene su libertad.

El juez Guillermo Bustamante, el mismo que lo condenó, deberá resolver ahora si ordena su libertad hasta tanto cobre fuerza la sentencia; o bien acepta los argumentos de la fiscalía y la querella, y el clamor popular, para que continúe la medida privativa de su libertad entendiendo que en la calle implica un riesgo para la seguridad de los familiares de Karen y de los testigos que aportaron valiosa prueba en su contra.

El caso Ardaiz - Lucanera
El joven condenado por asesinar en mayo del año 2011 al policía Andrés Lucanera, salió en libertad mucho tiempo antes de cumplir la condena a 12 años de cárcel impuesta por la Justicia rionegrina.

Se trata de Cesar Ardaiz, quien reconoció ser el autor del crimen en oportunidad de intentar aminorar la pena con un juicio abreviado que finalmente no prosperó.

En cambio, había sido condenado a la pena privativa de su libertad por un término de 12 años en el debate oral y público celebrado por la Cámara en lo Criminal en julio de 2013, y sobre el cierre de ese mismo año, el Superior Tribunal de Justicia había confirmado la sentencia dictada por el Tribunal de juicio.

Sin embargo, se resolvió conceder el beneficio de la libertad al entender la Justicia rionegrina que la pena aún no está firme.

Será el máximo organismo de justicia de la Nación el que analice el expediente, vaya saber cuándo.

 

Basándose en criterios constitucionales y argumentos establecidos en los pactos de Derechos Humanos, la defensa de Mobilio solicitó que, hasta tanto la pena establecida sea observada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y haya una sentencia nueva al respecto, el condenado sea excarcelado

 

Si Ardaiz volvió a la cárcel en todo este tiempo, es a raíz de nuevos delitos cometidos.

Los contrapuntos Defensa - Fiscalía querella
La audiencia de pedido de excarcelación de Mobilio se llevó a cabo el pasado día martes.
El defensor oficial, Pedro Vega, indicó que se superaron los palazos, que en Río Negro son de tres años y medios, para la prisión preventiva.

Vega solicitó su liberación, o en el peor de los casos, la prisión en domicilio hasta que la condena quede firme.

El abogado explicó que el límite establecido por ley consiste en “un plazo legal” convertido en jurisprudencia de la justicia rionegrina y como tal es de absoluta aplicación.

Su argumento se basa en los principios constitucionales que la Provincia y la Nación sostienen, como el Pacto San José de Costa Rica y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dio cuenta el abogado que Mobilio tiene buena conducta y que está en pareja con una joven de General Roca.

El defensor ofreció la dirección de la novia como residencia permanente, lejos de la familia de la víctima, y una tobillera electrónica para su control.

Por su parte, el abogado de la familia Álvarez, Damián Torres, exigió mantener en la cárcel a Mobilio.

“Acá falta Karen, una niña que fue violada y asesinada. Se hizo un juicio y hay una condena que fue ratificada por el STJ”, recordó el abogado.

Remarcó que “no se trata de un derecho absoluto” y de “inmediata aplicación” los argumentos del defensor, sino que se debe tener en cuenta “el riesgo de fuga”.

Más allá que la sentencia no está firme, recordó Torres que hay dos fallos condenatorios: la de la Cámara y la del STJ.

El fiscal Hernán Trejo apoyó la teoría del querellante. “Mobilio tuvo un juicio justo y una sentencia. No existe un derecho absoluto y por ende la prisión preventiva no es inconstitucional. Tiene un fin procesal para la investigación y para evitar la fuga”, dijo Trejo.