La usurpación masiva de un terreno privado lindante al barrio Álvarez Guerrero, trajo al recuerdo hechos de similares características ocurridos en el mes de enero y que, pese al paso de los años, han quedado en la memoria colectiva de muchos, no solo por lo que significaban los hechos en su tiempo; sino además porque a la fecha perduran.

Es que la demanda habitacional, resumida principalmente como la necesidad de las familias jóvenes de acceder al techo propio, genera comúnmente el reclamo colectivo que se activa por los mecanismos legales.

Pero superada la instancia, suelen sucederse hechos que confrontan las necesidades de los que menos tienen; y hasta permiten el ingreso a la discusión de quienes sin escrúpulos, pretenden obtener lucro político de esta necesidad.
Las ocupaciones ilegales de terrenos van en esta sintonía.

Nueva usurpación 
La información actual indica que lo ocurrido en la jornada del miércoles pasado lejos está de subsanarse.

La Justicia actuó de acuerdo a los protocolos vigentes, el Fiscal Guillermo Sacco solicitó información a la Policía y a la Municipalidad; y trasladó las actuaciones a la Defensoría de Menores dado que en los lotes usurpados hay presentes niños y niñas de muy baja edad.
El principal damnificado, propietario de los lotes en sucesión, requirió el desalojo.

La postura que ha tomado la Municipalidad, es similar a la de las anteriores ocupaciones ilegales: permitir que actúe la Justicia y facilitarle la información que desde la misma institución provenga.

De todas formas, el drama no es ajeno a la comuna capitalina que entre tantas de sus obligaciones inherentes, está la de facilitar el acceso al techo propio de las familias más necesitadas.

Consultadas las áreas al respecto, se informó que en la actualidad, a diferencia de años anteriores, no existe un número abultado de personas inscriptas en el padrón de lotes sociales, recordando que en diciembre del año 2017, se entregaron más de 100 lotes con todos los servicios, detrás del sector consolidado del barrio 22 de Abril.

 

La demanda habitacional genera comúnmente el reclamo colectivo que se activa por los mecanismos legales. Pero superada la instancia, suelen sucederse hechos que confrontan las necesidades de los que menos tienen y permiten el acceso de los que sin escrúpulos, lucran políticamente con esa necesidad. Las ocupaciones ilegales de terrenos van en esta sintonía.

 

Más allá de esta cuestión, la Municipalidad de Viedma cuenta con tierras fiscales. Son reservas de las que se desconocen su ubicación para evitar usurpaciones como las sucedidas es un espacio privado durante esta semana que termina.

Pero el Municipio tiene en su haber un registro de usurpaciones en terrenos que les son propios; y por consiguiente, años después se vio obligado a regularizar la situación con la llegada de los servicios públicos: Ejemplo de ello son los barrios 30 de Marzo y el ex loteo Silva, actual barrio Alvarez Guerrero.

Y en la memoria colectiva está la más masiva de las usurpaciones que tuvo lugar en el barrio Santa Clara. Sin dudas, es un precedente en el accionar judicial.  

Con pedidos de desalojos constantes, decenas de familias resisten en el lugar.

En aquellas donde la permanencia de familias hizo que la toma continuara, hoy presentan los signos propios de las carencias en los servicios públicos, siendo además estas familias las más perjudicadas por las condiciones climáticas.

En enero de 2016 se produjo la usurpación de viviendas terminadas en su infraestructura básica, aunque sin servicios. Se ocuparon las 222 casas del barrio 22 de Abril.

La inmensa mayoría fueron recuperadas por acción de la Justicia y la Municipalidad, y en la actualidad, alrededor de 30 unidades habitacionales siguen en manos de moradores ilegales.

Intento de ocupaciones en años políticos
En el mes de enero, pero de 2017, hubo un intento masivo de usurpación, en los lotes del barrio 22 de Abril, que logró neutralizarse.

Esos lotes ya contaban con propietarios, pero no eran entregados a raíz de las obras que debían estar terminadas antes de la usurpación general del barrio, y que no se hicieron a raíz de que Nación dejó de enviar los dineros al Municipio.

El 2 de agosto de 2017, pocos días antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, se presentó una denuncia de carácter penal por la usurpación ocurrida en el predio deportivo del Santos Fútbol Club, del barrio Mi Bandera.

Eran alrededor de 40 los lotes que se habían dividido clandestinamente en el amplio predio.

Algunos debieron derribar una alambrado que separaba el sector del campo de juego de una de las canchas para ingresar, derribando también los arcos.

Al lugar acudió la Policía para requerir información de lo que estaba pasando, pero fue mínima su intervención.

También en 2015 hubo un intento: un grupo de personas usurpó tierras en un sector cercano al barrio Lavalle y de la Unidad Regional Primera de Policía.

El hecho ocurrió en el mediodía del 13 de junio de 2015, justo un día antes de las elecciones provinciales.

La Justicia ordenó en la oportunidad a la Policía que notifique a los presuntos usurpadores para que no construyan en el predio.

No obstante, varios hombres y mujeres, con palas y otras herramientas limpiaron el predio y quemaron pastizales para avanzar en la colocación de casillas.

La toma de tierras comenzó cuando un grupo de 50 personas ingresó a un amplio sector, pero poco después se habrían sumado otras 50, muchas de las cuales eran mujeres y chicos.

El predio está situado a poca distancia del edificio de la Unidad Regional 1º de Policía y de un sector del barrio Lavalle y Nehuén.

2012, el año de las tomas, las que perduran a hoy y las que no se han consolidado

El Progreso:

Comenzó a gestarse en mayo de 2012 en una cancha de fútbol situada en inmediaciones del barrio Gobernador Castello, frente a la Terminal de Ómnibus. Viven más de 100 personas allí. Se han construido cerca de 60 casas de material, además de una decena de casillas precarias que aún permanecen a años de existencia.

Los mayores inconvenientes se observan en los días de lluvia, ya que el sector es muy bajo y fácilmente inundable, generándose dificultades para el escurrimiento.

En El Cóndor: 

La toma en el balneario El Cóndor se generó el 1 de mayo de 2012, en día feriado. Varios vecinos que habitan todo el año la villa marítima ocuparon espacios que, de acuerdo al registro catastral, formaba parte de la reserva fiscal del Municipio. Hubo acciones legales y el litigio se mantiene en la actualidad. Unas pocas familias se animaron a permanecer en el lugar.

Ina Lauquen:

Fue en marzo de 2012. La mayoría de los ocupantes eran personas jóvenes que habitan los barrios aledaños, es decir, el Guido e Ina Lauquen.
Ocuparon un extenso predio con una cancha de fútbol. El Deportivo Defensores del Guido logró recuperar la cancha, y a sus alrededores comenzaron a edificarse casas de material y viviendas prefabricadas.

Ese año fueron varias las ocupaciones ilegales, que fueron abandonadas. Varias decenas de familias de los barrios 152 Viviendas, Los Fresnos y Santa Clara ocuparon terrenos en inmediaciones de la rotonda que une la avenida Juan Perón con la ruta provincial 1. Esta ocupación no prosperó. También en el barrio San Martín y en el Parque Independencia, que quedaron en desuso.

También hubo un intento de ocupar la cancha del Fátima, en inmediaciones del Loteo Silva, sin consolidarse aquel año, en el mismo lugar donde el miércoles se produjo la última de las ocupaciones ilegales.