Según la UPCN, la ley provincial era violatoria de normas nacionales, por lo que reclamó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la reforma que se hizo el año pasado en la Legislatura rionegria, cuando se permitió el acceso de ATE a la Función Pública.

El núcleo del cuestionamiento de UPCN es la cantidad de representantes que pueden tener ambos gremios. Los conducidos por Juan Carlos Scalesi indicaron que el gremio mayoritario debe tener mayor peso en los organismos de la Función Pública.

“Destacamos esta sentencia que nos da tranquilidad a todos los empleados públicos y defiende los mayores avances que en materia de democratización del Estado se alcanzaron en la vida democrática de nuestra provincia”, expresó el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar. “En síntesis, el máximo órgano judicial puso en evidencia que lo único que hay con la nueva Función Pública son egos heridos y no una norma que violente la Constitución Nacional”, precisó.