En ese sentido, la senadora indicó que «es muy grave, y como consecuencia de este vaciamiento los pacientes que no son gestantes o no se les detectó el virus recientemente, hasta diciembre no van a poder saber cuánta carga viral hay en su organismo”.

Larraburu, junto a más de 100 organizaciones, ha presentado un proyecto que busca modificar la ley nacional de SIDA 23.798, y trabajó en el proyecto de comunicación (S-3551/17) donde solicitó informes sobre la desarticulación del programa nacional de control de las hepatitis virales dependientes del Ministerio de Salud y otras cuestiones conexas.

La decisión del gobierno nacional de bajar de Ministerio a Secretaría a Salud, provocó innumerables complicaciones. Desde hace unos meses que, por ejemplo, se denuncia directamente el faltante de antivirales. Ahora, las drogas se repusieron pero la entrega está demorada.

García Larraburu detalló que a esta crítica situación «la desencadena el ajuste en la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual de la Secretaria de Salud de la Nación, que por falta de previsión y presupuesto se ha quedado sin reactivos para entregar a las provincias”.

Y consideró: “Es muy importante que se conozca con claridad cuál es el manejo de compras, pedidos y envíos de fármacos a las provincias y hospitales. Esta demora afecta la salud de más de setenta mil personas”.

“Acciones de este tipo profundizan las barreras del estigma y la discriminación, desvinculando al Estado del cuidado de la salud y posibilitando que el virus se replique. Debemos volver hacia el sendero de una política pública sobre la salud que sea seria y responsable, a fin de dar respuesta a los casos de enfermedades como el VIH”, concluyó la senadora del Frente por Todos.