De las 30 personas que habían llegado a esta instancia luego de un sorteo público entre todo el padrón y habiendo superado las distintas inhibiciones que las normas establecen, quedó la nómina definitiva de seis mujeres y seis varones -más dos suplentes por género- que serán las encargadas de brindar el veredicto en el primer juicio por jurados de Río Negro.

Poco más de dos horas se extendió la audiencia de selección. Inicialmente, tres personas manifestaron sendas imposibilidades de formar parte. Fueron merituadas esas argumentaciones y aceptadas.

Posteriormente, la Fiscalía formuló algunas preguntas a los posibles jurados. Finalmente, ni la acusación ni la Defensa hicieron objeciones a ninguno de los ciudadanos, por lo que las 16 personas -incluyendo los suplentes- fueron elegidas por el orden de prelación del sorteo previo.

Finalmente, el juez Marcos Burgos brindó las indicaciones al jurado popular, con los derechos y obligaciones que determina el Código Procesal Penal. Entre las principales, que los miembros del jurado no pueden ser molestados ni hostigados y que deben procurar decidir con imparcialidad, por lo cual les solicitó que no busquen información del caso por su cuenta. Deberán decidir sobre la culpabilidad o no mediante el análisis de lo que vean en el juicio.

La Fiscalía estuvo representada por Martín Lozada, Betiana Cendón y Marcos Sosa Lukman. La defensa particular estuvo a cargo del abogado Hugo Cancino.

Trabajo conjunto

Para llegar a esta instancia hubo un trabajo conjunto de múltiples áreas del Poder Judicial. La Oficina Judicial llevó a cabo el sorteo público y luego las distintas instancias de notificaciones, evaluación de las excusaciones, del cumplimiento de requisitos por parte de las ciudadanas y ciudadanos.

La Escuela de Capacitación realizó una intensa formación a distintos operadores judiciales durante todo el año pasado, que incluyó la realización de simulacros en las distintas circunscripciones.

El área de Arquitectura realizó las reformas necesarias en las salas de audiencias para que se puedan desarrollar técnicamente los debates.

Por su parte, el STJ dictó una serie de Acordadas para poner en funcionamiento el sistema. Entre otras, la que reguló que se aplicaría para hechos sucedidos después del 1 de marzo de 2019.