Lo hizo a través de un proyecto que ingresó al Congreso de la Nación.

La iniciativa, que tiene el acompañamiento de Roxana Reyes, Gustavo Menna, Gonzalo Del Cerro, Hernán Berisso y Gabriela Lena, busca generar un marco jurídico que habilite a pequeños y medianos comerciantes en situación de cesación de pago inminente, a asumir sus obligaciones sin dejar de ejercer la actividad.

“Necesitamos revisar la legislación y establecer nuevas condiciones, para atenuar el impacto de la falta de actividad, sobre todo en aquellos segmentos económicos más vulnerables, pequeños y medianos comerciantes que sufren la embestida de la cuarentena y se encuentran con obligaciones emergentes imposibles de cumplir”, explicó Matzen. Y agregó: “Con ese objetivo, proponemos poner a su alcance un proceso menos dificultoso que el previsto actualmente por la Ley de Quiebras, que impone innumerables requisitos para acceder al concurso y además los obliga a cesar en su actividad».

En esa línea, el proyecto modifica los límites y requisitos para acceder a los denominados ”pequeños concursos“ y garantiza un contexto normativo menos burocrático y sin necesidad de declaración judicial, para quienes demuestren haber contraído deudas de un monto de hasta 500 salarios mínimos, vitales y móviles (unos 4 millones de pesos) en el contexto de pandemia; o cuando el proceso no presente más de veinte (20) acreedores quirografarios; o cuando el deudor no cuente con más de treinta (30) trabajadores en relación de dependencia.

En tales casos, y de ser aprobada la iniciativa de los diputados nacionales, el proceso del concurso adquirirá carácter “sumarísimo” y será suficiente la participación de un contador nacional para garantizar la eficacia del instituto. En esta línea y para agilizar los pasos ordinarios que la Ley 24.522 establece, se suprime la necesidad de los dictámenes (inciso 3 y 5 del artículo 11° de la Ley), la constitución de los comités de acreedores y el régimen de supuestos especiales previstos por el artículo 48°.

El proyecto pretende tener una vigencia idéntica a la que dure la emergencia económica y sanitaria y dispone un plazo de treinta (30) días contados a partir de su publicación para la apertura de los registros de acreedores.

“Esperamos poder llevar un poco de alivio a pequeños y medianos comerciantes, queremos morigerar la dureza del contexto actual y tenderles una mano para que puedan asumir sus deudas sin dejar de ejercer su actividad” finalizó Matzen.