La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclaró los términos de la inhibición judicial que pesan sobre los titulares del conglomerado de empresas del Grupo Indalo, y ratificó que las compañías “podrán seguir gestionando normalmente el giro de sus negocios, es decir, el pago de salarios y cargas sociales, entre otros rubros”.

Así, da certezas a empresas como Alpat -que funciona en San Antonio Oeste- Oil Combustibles y los medios de comunicación, sobre el normal cobro de sueldos.

En un comunicado, la AFIP detalló:
-La inhibición general de bienes establecida por la justicia alcanza a los bienes de Cristóbal López y Fabián de Souza y parte de sus empresas (aprox. 70) en el marco de la denuncia por administración fraudulenta que presentó la AFIP.

-Esta limitación corresponde únicamente a los bienes registrables. Esto es: inmuebles, rodados, acciones, etc. y tiene por finalidad evitar su venta u otro tipo de transferencia a terceros sin autorización judicial.

-En anteriores oportunidades el Juzgado, los Veedores, el Fiscal y esta AFIP ya prestaron conformidad a actos de disposición de bienes registrables debidamente fundamentados.

-Los citados titulares de las empresas pueden seguir gestionando normalmente el giro de sus negocios, es decir, el pago de salarios y cargas sociales, entre otros rubros.

-Es así que, a pesar de no haberse autorizado aún la venta de las acciones, el gerenciamiento de las empresas está en manos de terceros administradores tal como fuera informado al juzgado interviniente.

-Se destaca que las restantes empresas y activos no sujetos a inhibición son de absoluta disponibilidad de sus dueños y pueden ser afectados al pago de compromisos de distinto tipo que estos mantengan como resultado de su actividad empresarial en conjunto.

-Las acciones de la AFIP no buscan solamente que López y De Souza paguen los impuestos que deben, sino también, que respondan por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad.