La jueza María Gabriela Tamarit, titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería N° 1 de Viedma, resolvió regular los honorarios de los abogados que actuaron en distintas instancias del litigio por valiosas tierras al sur de Las Grutas que se disputaba el municipio local con herederos de la familia Tarruella, y que se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial.

Tamarit dispuso el pago de 3.946.415,88 pesos para Miguel Galindo Roldán y Rafael Agugliaro, quienes representaron al municipio en los primeros tiempos de la causa, por lo que el estado comunal deberá responder a ese compromiso.

También deberá abonar el municipio 896.016,58 pesos a Arturo Agustín Kreiber, quien ofició de perito tasador, y concluyó que el valor total de la propiedad –que se encuentra en un sector paradisíaco de la costa marítima- ascendía a 179.203.316,85 pesos.

Mientras que a Ariel Alice, Fernando Casadei, Enrique Echarren y Edgar Echarren les corresponden, según la magistrada, 2.271.558,65 pesos. Los cuatro profesionales trabajaron para la familia Tarruella, y ellos deben abonar el monto.

Los montos son notablemente inferiores a los solicitados por los abogados, quienes están habilitados a apelar la medida.

Por otra parte, la municipalidad deberá expedirse con respecto a la retribución que le correspondería a Néstor Torres, quien también intervino en el expediente como  representante institucional y también defensor de funcionarios.

En su caso, Torres había presentado una petición de cobro, pero Tamarit consideró el contrato de servicios que firmó, el cual establece que “únicamente prevé la no percepción de honorarios judiciales o emolumento alguno para el representante en todas aquellas causas donde resulte condenada en costas la Municipalidad”.

Pero como la causa derivó en un acuerdo extrajudicial y tal desenlace no se encuentra contemplado en el contrato, el municipio “deberá manifestarse expresamente” al respecto, determinó la Jueza.

Contra pagos “exorbitantes”

Los abogados de ambas partes habían requerido que se regule sus pagos en base al acuerdo extrajudicial que homologó la misma jueza Tamarit en 2013, el cual estableció que del total de las tierras –una franja de 170 hectáreas cercanas al mar- le correspondió el 65 por ciento para el municipio, y el restante 35% para los Tarruella.

Sin embargo la magistrada no estuvo de acuerdo con ese parámetro ante la presunción de que podían resultar “sumas exorbitantes”.

De hecho otorgó sumas mucho menor a las que resultaban del frío cálculo.

 

Tamarit fundamentó la decisión en que la ley de Aranceles “fija pautas para determinar los honorarios, los que deben ser analizados y ponderados en conjunto al momento de efectuar las pertinentes regulaciones”.

Recordó que el Superior Tribunal de Justicia expresó en un fallo que “si la aplicación estricta de la ley de aranceles profesionales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, los Jueces pueden –y deberían- reducir equitativamente los honorarios y adecuarlos a la labor cumplida por el prestador del servicio”.

Consideró que “la fría aplicación de la normativa arancelaria provincial aún en su porcentaje mínimo, por su cálculo resultante, encuentro que redundaría en una situación manifiestamente disvaliosa para los obligados al pago de las costas por su exagerado monto y a un enriquecimiento incausado de los profesionales por exceder la retribución razonable por su trabajo y en ése caso se estaría en pugna con los fines de dicha normativa”.

 

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