Los empleados de Álcalis de la Patagonia (Alpat) volvieron a trabajar ayer durante el turno de las 20, luego de mantener una reunión en la delegación de trabajo y obtener un nuevo compromiso de pago de parte de la empresa.

Los obreros habían retomado la huelga el martes, después de que la firma no depositara parte de las sumas correspondientes a tres meses de asignaciones familiares caídas. También les adeudan un premio de $10.000, que en su momento habían acordado en el marco de una paritaria nacional.

En el encuentro que desde las 11 se desarrolló en la delegación de trabajo local convinieron pagar ese incentivo en dos cuotas, una pagadera el 15 del mes que viene y la otra el 15 de junio. Además, el jueves de la semana entrante volverán a reunirse para fijar un cronograma tentativo de pago del próximo sueldo que deberán percibir. Antes de ese día, Alpat tendrá que completar el pago de las asignaciones que debe.

La decisión de retomar la actividad en la planta se convino entre los empleados luego de la finalización del encuentro, que culminó pasadas las 14. De igual manera, el clima de incertidumbre sobre la continuidad de las fuentes laborales sigue pesando en el ánimo de la gente.

“La firma alega que posee múltiples dificultades. La inhibición (que pesa sobre el grupo Indalo), el tema del incremento del gas, la apertura de las exportaciones (del insumo)” manifestó ayer el titular de trabajo de la Provincia, Lucas Pica. Agregó que “en las conversaciones que tuvimos siempre nos concentramos en acordar un cronograma de pagos. Claro que nosotros apostamos como Gobierno a sostener el empleo. Buscamos el mantenimiento de las fuentes laborales. Pero no sabemos nada más allá de que lo que la empresa sostiene a través de su actual gerente, Mariano Emanuelli” indicó el funcionario.

Emanuelli permanece en Buenos Aires, y desde allí brinda las directivas para destrabar el conflicto de pago. Pero, más allá de la resolución de lo salarial, aún se desconoce qué ocurrirá con la fábrica de carbonato de sodio.

Cabe recordar que la empresa es propiedad de Cristóbal López, el empresario kirchnerista que está siendo investigado por la Justicia en una causa vinculada a la evasión tributaria, que podría ser caratulada como defraudación.

En la localidad en la planta trabajan cerca de 200 personas, que están afiliadas al Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Patagonia (SPQYP).