Las autoridades de una escuela pública de gestión privada de Viedma rechazaron la decisión de la junta de Disciplina del Consejo Provincial de Educación que ordenó reincorporar en sus funciones de preceptor a un docente que mantuvo relaciones con una alumna de 16 años y por lo cual fue denunciado penalmente, pero luego sobreseído por la Justicia debido a que se perdieron pruebas en el incendio de Tribunales y la alumna no tiene interés en incriminarlo.

Quienes conducen el establecimiento –dependiente del Obispado– sostienen que “la consecuencia más grave” de tal determinación es que “manda a un docente que cometió una inconducta grave a trabajar en contacto con niños, niñas y adolescentes en cualquier escuela del sistema educativo”.

Desde la institución se aclaró además que la sentencia judicial expresa que “el hecho existió” aunque ello no sea un impedimento para sobreseer por considerar el libre consentimiento de la menor y la pérdida de pruebas a raíz del incendio que afectó el edificio de Tribunales, en julio de 2015.

“Dicha afirmación implica el reconocimiento de que el docente de 42 años sostuvo un vínculo indebido con su estudiante de 15 años, mantuvo relaciones sexuales con ella cuando cumplió los 16 y además cuando su familia atravesaba una situación compleja que obligaba a la mamá a permanecer en Buenos Aires por la situación de salud de otra de sus hijas con discapacidad”, expresa la nota de rechazo presentada ante la Junta por las autoridades de la escuela.

Consideraron además “imprescindible” que dentro del sistema educativo provincial se realicen acciones pertinentes para garantizar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que el Ministerio implemente las sanciones que correspondan a los docentes que incumplen sus responsabilidades.

Los hechos por los que fue acusado el preceptor ocurrieron entre octubre de 2014 y enero de 2015.

Mientras se investigaba en la Justicia, el Consejo de Educación elaboró un sumario y procedió a la separación transitoria del cargo al docente imputado.

Mediante una nueva normativa de septiembre de 2016, la Junta perdió la facultad de sancionar a docentes de escuelas privadas a lo que se sumó el sobreseimiento del acusado.

Por ello, el órgano del CPE procedió a mediados de marzo pasado al cierre de las actuaciones y ordenó que el docente se reincorpore a sus cargos.

La escuela rechazó la determinación y presentó su descargo.