Este año se cumplirán diez años del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya, el joven de 18 años que marcó la década siguiente a su asesinato, poniendo un marco de duda eterno al accionar policial y judicial de entonces.

En este décimo aniversario, y pese a las expectativas que en muchos comenzaban a desvanecerse con la absolución de los únicos tres imputados que tuvo la causa, un nuevo juicio es la última oportunidad de hallar justicia en un caso que conmocionó a la Comarca y hacia sus afueras.

Solo resta una firma para fijar la fecha de audiencia, la cual depende de un segundo cotejo que se le realiza por estas horas a la campera hallada en la casa de uno de los imputados, que tendría sangre del joven asesinado.

Esa campera fue desestimada en el primer juicio, y siendo la prueba principal que sostuvo entonces la Fiscalía, toda la causa cayó.

Sin embargo, un fallo de alzada obligó a un nuevo Tribunal a tener en cuenta esa prueba.

Pese a este criterio judicial, el manto de duda persiste sobre la real participación de los tres imputados en el hecho: Felipe Carrasco, Carlos Morales y Belén Barrientos; y pese a la sospecha de la familia de Atahualpa sobre algún grado de conocimiento de los hechos sobre estas personas, fueron ellos mismos los que denunciaron durante casi 10 años la impunidad enquistada en los sectores de poder, asegurando que hay más personas implicadas consideradas “intocables”.

 

Solo resta una firma para fijar la fecha de audiencia, la cual depende de un segundo cotejo que se le realiza por estas horas a la campera hallada en la casa de uno de los imputados, que tendría sangre del joven asesinado

 

De hecho, en su momento el Consejo de la Magistratura había habilitado un sumario por mal desempeño de funciones tanto en el primer juez de la causa como en la fiscal: Carlos Reussi y Daniela Zágari, respectivamente.

En el primer juicio y por relato de un testigo, un agente de la Policía que tenía a su cargo la investigación inicial, se generó una hipótesis que conducía al móvil de la droga, con la acusación hacia un individuo familiar de un alto funcionario del gobierno provincial de entonces.

Pese a que aquel Tribunal, compuesto por un juez hoy preso por abusador de menores (Juan Antonio Bernardi), ordenó a la Fiscalía investigar esa línea, nada se avanzó al respecto; y desde la investigación oficial, se sostiene el móvil de una venganza por un supuesto amorío de la víctima con la única mujer acusada.

Con estos criterios disimiles, hay una realidad: la lucha de la familia por conocer la verdad, tocando todas las puertas posibles, y llegando hasta dos presidentes de la Nación para que la causa nunca quede en el olvido.

Esfuerzo que le costó a la madre del joven asesinado, Julieta Vinaya, un marcado deterioro en la salud.

Pese a ello, sigue la lucha y el 14 de junio próximo, será una nueva oportunidad para corroborar tal afirmación.

Acontecimientos que marcaron la investigación 

30 de agosto de 2012: La Brigada de Investigaciones de la Regional 1ª de Viedma, detuvo por orden del juez Carlos Reussi a Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo, César Alberto Valla y Belén Barrientos, implicados en la causa por el asesinato de Atahualpa Martínez, ocurrido el 15 de junio de 2008.
Posteriormente fueron procesados Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo y Belén Barrientos.
5 de agosto de 2014: Empezaba el juicio por el crimen de Atahualpa Martínez. Uno de los imputados afirmaba ser inocente y denunciaba que les plantaron pruebas. Los otros dos se negaron a declarar. La mamá del joven, Julieta Vinaya, esperó en la puerta con amigos y familiares: “No voy a convalidar con mi presencia esta farsa”, decía en aquel momento.

 

En el primer juicio y por relato de un testigo, un agente de la Policía que tenía a su cargo la investigación inicial, se generó una hipótesis que conducía al móvil de la droga, con la acusación hacia un individuo familiar de un alto funcionario del Gobierno provincial de entonces

 

23 de octubre de 2014: El Tribunal de juicio de la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma, integrado por los Jueces Dres. Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán, en voto impersonal y unánime, declaró la nulidad del allanamiento donde se secuestró la campera con sangre de Atahualpa y de todos los actos derivados del mismo, y absolvió libremente de culpa y cargo a Meliza Belén Fernández Barrientos, Carlos Rodrigo Morales Toledo y Felipe Eliberto Carrasco, y ordenó su inmediata libertad.

30 de octubre de 2014: La Legislatura de Río Negro aprobó la conformación de la Comisión Investigadora del caso Atahualpa Martinez, iniciativa que había sido presentada por la entonces legisladora Susana Diéguez. El expediente fue apoyado por la totalidad de los parlamentarios presentes, y recibió el respaldo explícito de la presidenta del bloque oficialista Roxana Fernández, su par radical Bautista Mendioroz y del bloque Eva Perón, Alejandro Marinao.

3 de diciembre de 2015: Un duro informe final pronunció la Comisión Investigadora del caso Atahualpa Martínez en la Legislatura rionegrina, en el que se observaron serios cuestionamientos al trabajo que desde el 15 de junio de 2008 llevaron a cabo la Policía, la fiscal Daniela Zágari y el juez de Instrucción Carlos Reussi.
La Legislatura aprobó el informe requiriendo acciones inmediatas a la Fiscalía, al Consejo de la Magistratura, al Superior Tribunal de Justicia y a la conducción de la Policía de Río Negro.

14 de abril de 2016: El Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal de Cámara y anuló la sentencia definitiva de la Sala A de la Cámara en lo Criminal, que en su momento absolvió a los imputados por el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya.
Se reenvió la causa al origen para que, con distinta integración, continúe con su sustanciación.
El fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, había pedido condenas para Melisa Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo. Y cuando la Cámara resolvió absolverlos, tuvo fuertes críticas. Tanto, que interpuso el recurso de casación.

18 de mayo de 2017: El Consejo de la Magistratura inició sumarios a los actuales camaristas penales Carlos Reussi y Daniela Zágari, quienes actuaron respectivamente como juez de Instrucción y fiscal de la causa que investigó y juzgó el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya, todavía impune.
Con graves acusaciones por mal desempeño de sus funciones en la investigación del homicidio ocurrido el 15 de junio de 2008 en Viedma, también se incluyó en el sumario al ex-fiscal Ricardo Falca, quien reemplazó por unos días a Zágari a poco de ocurrido el homicidio.

 

Raúl Martínez, legislador, presentó un proyecto para que se declare a Julieta Vinaya, mamá de Ata, “Ciudadana Ilustre de Río Negro, atento sus valores de compromiso, valentía y dignidad en la búsqueda de Verdad y Justicia

 

26 de junio de 2017: La Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó el pedido de recurso de queja realizado por la Defensora General, y habrá un nuevo juicio en la causa que investiga el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya. Las tres personas absueltas por la Cámara, vuelven a estar en calidad de imputados.
La resolución de la Corte se originó cuando la Fiscalía de Cámara apeló la absolución de los detenidos ante el Superior Tribunal de Justicia, organismo que determinó que el juicio estaba mal realizado.
Esa resolución del STJ fue apelada por la defensora Rita Custet ante la Corte.
Ahora habrá un nuevo juicio. La investigación está refrendada y se pueden agregar más pruebas. Y las personas absueltas, vuelven a estar imputadas.

13 de marzo de 2018: La Sala A en los Criminal de Viedma, integrada para esta causa por los jueces Carlos Mussi, Ignacio Gandolfi y Carlos Marcelo Valverde, hizo lugar a una serie de medidas de prueba solicitadas por el Fiscal Fabricio Brogna en relación al caso Atahualpa Martínez Vinaya, joven asesinado en Viedma.
Concretamente, autorizó se realice una ampliación la pericia de ADN por parte del Laboratorio de Genética Forense en una campera de jean hallada en la vivienda de uno de los acusados, con el objetivo de determinar correspondencia genética de la víctima o de los imputados.