La sospecha de que un abuelo, condenado por haber abusado a su nieta, violó la prisión domiciliaria originó una nueva audiencia en la Justicia rionegrina. El Tribunal determinó colocar una custodia permanente en la vivienda hasta que se determine si el hombre salió del domicilio o si fue una falla de la tobillera electrónica.

Esta nueva instancia fue requerida por la Fiscalía, representada por Juan Pedro Puntel y Mariana Giammona y la querella representada por Julia Mosquera.

El imputado, Carlos Sánchez, cumple su condena por ser mayor de 70 con arresto domiciliario monitoreado por el uso de tobillera electrónica. La Fiscalía informó que habría incumplido con la orden del tribunal y salió de su domicilio en dos oportunidades.

El Tribunal está integrado por los jueces Juan Martín Brussino, Itziar Soly e Ignacio Gandolfi.

Por ello tanto Puntel como Mosquera solicitaron que el imputado sea trasladado a un centro de detención común para evitar el riesgo de fuga.

La defensa, ejercida por Raúl Campora, aseguró que su cliente cumplió siempre con la orden judicial y que el sistema electrónico presenta deficiencias en informar dónde se encuentra la persona que usa la pulsera y que se puede pedir un informe a la empresa.

En la audiencia prestó declaración un testigo, técnico de la empresa que monitorea las tobilleras, quien explicó el funcionamiento de las mismas.

Por su parte, el imputado desmintió haber salido de su domicilio, dio su versión de los hechos y no permitió preguntas.

El Tribunal decidió hacer lugar al planteo de la defensa parcialmente, se pedirá un oficio a la empresa de Buenos Aires que monitorea y con ese informe se resolverá la petición del Ministerio Público.

Por su parte el Fiscal pidió que hasta que sea contestado el oficio y fijada una nueva audiencia haya personal de custodia permanente en el domicilio del imputado y la defensa adhirió al pedido. Al no haber contradicción el Tribunal resolvió hacer lugar al pedido.

Los jueces rechazaron el pedido de libertad del defensor y también la solicitud de que se impida el acercamiento de familiares y de la víctima, la colocación de carteles y otros “escraches” de los que su cliente estaría siendo objeto.

El 17 de abril el tribunal resolvió de manera unánime condenar a Sánchez, quien abusó de su nieta cuando la joven era menor de edad, a la pena de 12 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de ascendiente.

El caso atravesó distintas etapas, ya que los abusos sobre la entonces niña se dieron varios años atrás. La víctima, ya mayor de edad, realizó la denuncia y en principio los jueces intervinientes debieron resolver sobre la prescripción o no de los hechos. Cabe señalarse que los delitos se juzgaron con la ley vigente al momento de su consumación. Luego fue modificada para evitar prescripciones, atento a la complejidad de los casos de abuso.

El hecho atribuido implica que el acusado abusó sexualmente en reiteradas ocasiones, entre los años 2000 a 2005, de una familiar directa, que entonces contaba con 13 años. Los delitos fueron denunciados muchos años después y allí comenzó el accionar del Poder Judicial.