“Un nuevo aumento  en las tarifas de gas, en un contexto inflacionario como el que se está viviendo, con la depreciación de los salarios promedio resultado de la devaluación, pone a las personas, a las familias, a las pymes, a las industrias frente a un esquema de imposible cumplimiento dejando en situación de alto riesgo, desamparo y desprotección a todos los habitantes y, en especial, a quienes habitan la región de la Patagonia”, consideró la Defensora del Pueblo de Río Negro,  Adriana Santagati, en su intervención en la audiencia pública convocada para definir los valores que tendrá este servicio básico a partir de octubre.

Santagati se expresó desde Bahía Blanca a través del Centro de Participación Virtual del Ente Nacional Regulador del Gas.

Durante su exposición, que fue interrumpida por algunos desperfectos técnicos, Santagati resaltó que “las proyecciones de las principales variables macroeconómicas, según las cuales se confeccionó el Presupuesto 2018 no se cumplieron”.

Recordó que "se proyectaba que durante 2018 continuara el proceso de reducción de la inflación. La meta del Banco Central de la República Argentina era del 10 ±2 por ciento para la medición interanual de diciembre, con una inflación promedio anual de 15,7 por ciento. La proyección de tipo de cambio nominal para diciembre de 2018 era de 19,3 pesos por dólar”.

“El pasado 15 de agosto cuando se publica la convocatoria a esta audiencia pública Nº 86, el dólar cotizaba 30.50, hoy luego de 20 días el dólar vale 39 pesos.  Es decir, sufrió un aumento del 30 por ciento” manifestó la defensora.

Agregó además que “los combustibles, que se encuentran liberados desde fines del año pasado en menos de dos semanas sufrieron dos aumentos. La evolución y dispersión del precio de las naftas como consecuencia de las correcciones hacia la dolarización y la liberación de los precios, no hacen más que presionar la inflación y subir el costo de vida”.

En sus conclusiones manifestó que “en la región patagónica el servicio de gas es un servicio esencial. No atender esta realidad, sobre todo en el contexto económico actual, plantea un problema ético y moral”.

“Autorizar una tarifa que viole los principios que emanan de las normas expuestas implica violencia institucional, atenta contra la dignidad de las personas y vulnera nada menos que los derechos humanos”, consideró.

"Por estos motivos, y en consonancia con lo planteado por el resto de los defensores del pueblo del país, quienes representamos a los ciudadanos de la Patagonia, rechazamos cualquier aumento en la tarifa de gas y manifestamos la voluntad de conformar una mesa de dialogo que contribuya a garantizar la paz social, ante la crítica situación política, económica y social que atraviesa el país", cerró la rionegrina.