San Antonio Oeste. El fiscal Guillermo González Sacco pidió el sobreseimiento parcial de Carlos Horacio Guardiola, Ramón Alberto Campoy y Enrique Uzcudun, involucrados en la causa por presuntas estafas cometidas en la construcción de 260 viviendas en esta localidad, a través de la cooperativa Sisvial, vinculada al Sindicato de Trabajadores Viales.

El requerimiento lo fundamentó el Fiscal ante la “extinción de la acción penal”.

El mismo funcionario había solicitado el sobreseimiento parcial para los tres hombres más Carlos Alberto Sansuerro y Carlos Ceferino Iturburu (foto) porque varios de los denunciantes desistieron de continuar con la querella.

Pero de todos Sansuerro e Iuturburu continúan ligados a la investigación. El primero era secretario general del gremio. Fue condenado en 2016 a 10 años de cárcel por delitos similares ocurridos en localidades del alto valle. Actualmente goza de prisión domiciliaria. Iturburu también fue sentenciado en las mismas causas a once años, y le otorgaron salidas transitorias.

Ahora deberá ser el juez que entiende en el expediente si accede a lo que planteó el Fiscal.

El planteo de González Sacco expresa que Sansuerro invocando el Sindicato de Trabajadores Viales en enero de 2006 solicitó tierras al entonces intendente Adrián Casadei para construir viviendas, por convenio con el IPPV, no solo para sus afiliados sino para todos los que tengan necesidad habitacional.

Pero que, iniciadas las tratativas  y gestiones en febrero de ese año “ con la connivencia dolosa de Carlos C. Iturburu, Carlos Guardiola, Ramón Campoy y Enrique Uzcudun (al menos, según surge de las constancias colectas en esta etapa de investigación preliminar), crearon la Cooperativa de Viviendas y Consumo Sisvial Limitada, con aparentes fines delictivos, toda vez que pendiente su autorización legal para funcionar, el 21 de abril de 2006, Sansuerro (por el Sindicato) y Guardiola (por la cooperativa) celebraron una locación de servicios por la cual esa cooperativa se comprometió a habilitar una oficina en San Antonio Oeste para la promoción y venta de “servicios para la construcción de viviendas sociales” que el sindicato construirá en un predio cedido por la municipalidad de la citada localidad.

Nueve manzanas les cedió el municipio mediante una Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante presidido entonces por Mabel Noemí Leonardo. La norma fue promulgada luego por Casadei y el secretario de Hacienda Héctor Larregui.

Sin embargo el Fiscal aclara que “conforme se extrae de la plataforma fáctica”, argumenta que “ha transcurrido en forma excesiva el término legal establecido”, y pide la prescripción.

“Esto significa que hasta el día de la fecha no se ha verificado acto que Interrumpa la prescripción respecto observándose que ha transcurrido con exceso el tiempo señalado en el Código Penal para que se opera la extinción de la acción”, precisó en el documento.

 

Dos hechos

Los hechos investigados en este expediente son dos y se habrían cometido a partir de julio de 2006, durante la intendencia del hoy legislador Adrián Casadei.

El municipio cedió a título gratuito los terrenos para edificar el barrio, pues el dirigente sindical aseguró que tendría intervención el IPPV, lo que se oficializó mucho después.

Sansuerro y los otros hombres montaron una oficina en el centro de San Antonio, donde ofrecieron cupos para el plan de casas, previo pago de montos de entre 4.000 y 5.080 pesos.

El primer hecho involucra a unos 200 vecinos, a quienes el dirigente y los demás “defraudaron con abuso de confianza, ardid y engaño, durante el transcurso del año 2006”.

El documento judicial sostiene que estas personas “crearon la Cooperativa de Viviendas y Consumo Sisvial Limitada, con aparentes fines delictivos, toda vez que pendiente su autorización legal para funcionar, el 21 de abril de 2006 Sansuerro (por el Sindicato) y Guardiola (por la cooperativa) celebraron una locación de servicios por la cual esa cooperativa se comprometió a habilitar una oficina en San Antonio Oeste para la promoción y venta de “servicios para la construcción de viviendas sociales” que el sindicato construira en un predio cedido por la municipalidad de la citada localidad”.

Más adelante Gonzales Sacco agrega que “prometieron falsamente a la gente que pagando $ 4000 estaban inscriptos en el Plan habitacional, que en 24 o 36 meses obtenían una casa”.

Sostuvo asimismo que la operatoria tenía como fin “captar la atención de los interesados, convencerlos y hacerlos caer en el error para obtener importante beneficios económicos (monto aproximado a $ 807.633,00)”.

Además entre otras posibles irregularidades, detectó que “mientras realizaron las maniobras presuntamente delictivas no existía ningún instrumento jurídico ni convenio con el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) ni con la municipalidad de San Antonio Oeste”.

El segundo hecho corresponde a otro vecino que presentó demanda y del mismo modo pagó 4.000 pesos. El Fiscal considera que fue también “defraudado con abuso de confianza, ardid y engaño”.

 

Años de espera e incertidumbre

La historia del proyecto barrial Sisvial tuvo en estado de tensión a los ilusionados vecinos que pagaron para inscribirse. En 2006, 4.000 pesos valían. El dólar estaba a 3 pesos.

El anuncio de Sansuerro era convincente: 260 casas en 34 o 36 meses a más tardar. La firmeza del dirigente generó expectativas en la población, pero al poco tiempo se empezó a resquebrajar. Surgieron dudas y sospechas. Incluso presentaron la queja a la entonces intendenta Mabel Leonardo, que reemplazo a Casadei cuando asumió en la Legislatura.

Pero la obra se inició, aunque parcialmente. Primero fueron 86, que quedaron concluidas a fines de 2011. El nerviosismo entre los anotados creció. Era el tercio de las que habían prometido. Una mañana de noviembre de 2011 las viviendas fueron ocupadas. Fueron días de mucha conmoción y controversia política. El intendente de aquel momento, Javier Iud –que también ahora ocupa una banca legislativa- siempre expresó que todo era una estafa.

El IPPV luego construyó al lado otras 60, que fueron sorteadas entre los inscriptos. Las entregaron en noviembre 2014.

Posteriormente el mismo organismo levantó otras 102, también vecinas, y que están muy cerca de quedar concluidas. Las autoridades se comprometieron a entregar 47 de ellas a quienes aún no recibieron sus viviendas. Estas últimas unidades están casi listas, y los vecinos aguardan ansioso.

En total se habrán construido 193. Faltarían 67 para completar las 260 prometidas por Sansuerro.

La foto es de archivo