San Antonio Oeste. El juez Fabio Corvalan imputó hoy por “incumplimientos de funcionario público” a Nicolás Murguiondo, director de Inspección General del municipio  local, por la muerte de Nicolás Gutierre, el chico de 17 años que sufrió una descarga eléctrica cuando jugaba un partido en la cancha de fútbol 5 del club Racing.

La medida se tomó en la audiencia de formulación de cargos que se realizó en Viedma, ante un pedido efectuado por el fiscal Juan Pedro Peralta, junto a los abogados de la familia de la joven víctima.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que se arribó a esta instancia “luego de una extensa investigación” en la que “se trabajó junto a la querella y la familia, con quienes mantuvo diversas reuniones.

Además Corvalán resolvió unificar el legajo con la otra rama de la investigación que tiene a otros dos imputados: Ruberto Barilá, presidente de la institución donde ocurrió el hecho, en febrero de este año. El otro es Paulo Sandoval, encargado de alquilar la cancha. Homicidio simple con dolo eventual, les impuso la fiscal Mariela Coy.  

Se destacó que la unificación de ambos legajos permitirá “brindarle celeridad y eficacia a la causa”.

No cumplió con los controles

A Murguiondo se le atribuye la inobservancia de artículos fundamentales de una ordenanza al no requerir que se inspeccionen las instalaciones del Club Atlético Racing para verificar las condiciones de seguridad necesarias para su habilitación municipal, entre junio de 2016 y febrero 2018.

Según la Fiscalía, tal omisión “posibilitó que dentro de dicho predio funcionara comercialmente una cancha de “fútbol 5” con una precaria instalación eléctrica que carecía de disyuntor diferencial y cableado de puesta a tierra.

Allí el 23 de febrero pasado Matías Nicolás Gutierre sufrió una descarga de energía eléctrica desde el alambrado metálico perimetral, que le produjo la muerte por paro cardiorespratorio.

Entre el sustento probatorio recabado para arribar a tal imputación se cuentan entrevistas a una decena de persona y el análisis de ordenanzas, registros de asambleas, notas enviadas entre el municipio y los clubes y el análisis de diversas actas de inspección de otros clubes deportivos en los que se instaba a los mismos a que presenten certificados de inspecciones.

El Ministerio Público Fiscal sumó además certificados médicos, informe de peritos, croquis y el resultado de una inspección ocular que funcionarios del Ministerio Publico realizaron al lugar en el que sucedieron los hechos, además de una quincena de declaraciones testimoniales

La querella estuvo integrada por los abogados Ezequiel Castro y Gerardo Collado. La defensa en tanto por los abogados Mariano Gestoso y Nicolás Yensen, quienes rechazaron la formulación de cargos.

Corvalán dio por formulados los cargos, dispuso la unificación de las causas y otorgó el plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria que comienza hoy.