Dos imputados que “lejos están del calor del poder”
Así lo manifestó la concejal radical Molinari de Viedma. Diferenció el criterio utilizado por la jueza Soly.
San Antonio
Oeste. El rechazo de la jueza Itziar Soly a la formulación de cargos contra el
intendente Luis Ojeda y el legislador Javier Iud en la causa por corrupción de
una menor, en la que se imputó a otros dos hombres, produjo la primera reacción en
el arco político.
La primera en cuestionar a la magistrada fue la concejal de Viedma Genoveva Molinari (UCR), quien resaltó que el fallo “dista mucho de imparcialidad”.
La edil apuntó sus cuestionamientos a la discrepancias de criterios de la magistrada: “aceptó con las mismas pruebas las acusaciones contra otros imputados, que lejos están del calor del poder”, sostuvo en un parte de prensa.
"La postura de la jueza Soly es claramente distinta entre imputados: acepta cargos contra dos de ellos con idénticas pruebas que las imputadas al legislador Iud y al intendente Ojeda, pero a ellos le desestima los cargos”, agregó.
Molinari había presentado junto con sus pares Mariana Arragui y Paola Casadei, un proyecto de comunicación a la Legislatura, en el que solicita la renuncia del legislador Javier Iud, “a fin de resguardar y asegurar la ética en el ejercicio de los poderes públicos”.
También pidieron mediante la misma comunicación, “un pronunciamiento público del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste”, y su “inmediata separación del cargo mientras se sustancie el debido proceso judicial”.
Con la resolución de Soly, la dirigente radical anticipó que “vamos a insistir con nuestro pedido, de que se aparten de los cargos para que la Justicia pueda actuar sin intervenciones de ningún tipo".
“Consideramos que estos hechos que involucran a funcionarios elegidos directamente por el pueblo, deben ser apartados del cargo público, hasta tanto se proceda con la investigación, para no entorpecer el proceso judicial en curso”, remarcó.
La concejal recordó que mediante una comunicación aprobada por unanimidad en general y particular por parte de todos los bloques que integran el parlamento local, se solicitó en marzo del año pasado a la Legislatura, la expulsión del legislador Héctor Rubén López.