San Antonio Oeste. La Legislatura aprobó por unanimidad una Ley que suspende durante un año la ejecución de juicios o medidas cautelares que afecta a hoteles y complejos de alquiler turístico, por demandas de distintas entidades que cobran aranceles por poseer televisores y equipos de audio, según establece la Ley de Propiedad Intelectual.

La iniciativa la presentaron integrantes del Bloque Juntos Somos Río Negro, Leandro Lescano, Facundo López, Alejandro Palmieri y Mariana Domínguez Mascaró.

El reclamo surgió por la presentación de 150 cabañeros y hoteleros de San Carlos de Bariloche, que luego se extendió a otras ciudades de la provincia, como Las Grutas, donde también se vieron afectados.

Desde el bloque oficialista indicaron que en la zona cordillerana recibieron intimaciones de cinco entidades que exigen el pago de elevadas sumas (hasta 400 mil pesos), algunas retroactivas hasta cinco años. Se trata de la Asociación Argentina de Intérpretes y la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (AADICAPIF); La Sociedad General de Autores de la Argentina de Protección Recíproca (ARGENTORES); La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Interpretes (SAGAI), la Sociedad de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) Sociedad Argentina de Autores Intérpretes y Compositores (SADAIC) y la Unión Argentina de Artistas de Variedades (UADAV) y demás entidades privadas con regímenes especiales y actividades conexas.

Mientras que en la región costera también recibieron notificaciones en las que se demandan deudas acumuladas de cinco años atrás, con sumas que superan los 150 mil pesos, indicó Carlos Rivas, titular de la Asociación que nuclea a propietarios de casas y departamentos de alquiler turístico.

Esta institución pidió la intervención del Concejo Deliberante local, donde el edil Alejandro Railefe (JSRN), elevó un proyecto de Comunicación para –precisamente- solicitar a la Legislatura que sancione ley que finalmente fue aprobada.

La propuesta de Railefe fue aprobada por unanimidad en comisiones, y estaba previsto que se trate en la próxima sesión, que sería la semana entrante.

La Ley nacional (11.723) no considera que el cobro de aranceles por parte de estas instituciones, dañan la economía de cabañas y hoteles más pequeños, indicó un parte de prensa de la Legislatura.

Según la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, el sector tributa a las cinco entidades mencionadas por tener una TV apagado en una habitación.

Si se aplican los aranceles totales, sin los acuerdos firmados, pueden representar desde un monto similar a los ingresos brutos hasta llegar al 30% de la facturación de un alojamiento.

Como consecuencia, muchos emprendimientos productivos de sustento familiar, alojamientos que tienen relación directa con él turista, han tenido que realizar las siguientes acciones para mitigar los gastos: retirar las TV de las habitaciones y constatar dicha actuación ante escribano público, haciendo frente a los costos económicos (escribano y pérdida de clientes); acudir a abogados para poder subsanar la situación; firmar convenios con las entidades demandantes, sin tener información transparente, equitativa y razonable sobre dichos acuerdos; dar de baja sus establecimientos por no poder afrontar los cobros estipulados y la pérdida de puestos de trabajo.

Cabe destacar, que esta iniciativa se presenta como una medida temporaria ya que esta situación debe resolverse a nivel nacional mediante la modificación de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual que diferencie los espacios públicos y privados de los alojamientos. En la misma línea, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional exigirle a las entidades mencionadas que cuenten con un sistema de cobro transparente, razonable y equitativo, y de ser posible, que propicien una modernización integral del sistema de gestión de cobro unificado.