La desprotección de niños, niñas y adolescentes es alarmante. No sólo son las víctimas en este tipo de casos (hubieron varios en estos últimos años en Bariloche, Cipolletti, Viedma y otras localidades), también son inducidos a la prostitución, utilizados de mulas por el narcotráfico, carne de cañón de delincuentes adultos y trabajadores forzados rurales o de la construcción.

Hay ausencia (o, en mejor de los casos inacción) del Estado. La escuela está lejos de ser ese sitio de contención y primer detector de situaciones traumáticas. El sistema de salud, que ve a diario situaciones de abuso o violencia, no da abasto y los casos quedan allí encapsulados a pesar del esfuerzo y la indignación de los profesionales. Y, evidentemente, a los operadores sociales la situación los supera por falta de recursos y herramientas.

Después de ocurrido el doloroso caso en Viedma, la política hizo silencio. ¿Prudencia o sentimiento de culpa?.

Nada se puede esperar de los organismos nacionales, tomados por la lógica macrista de la meritocracia y la acumulación de recursos (“gasto social”) en Capital y el conurbano bonaerense. Hace unas semanas, el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano de Viedma se alejó del cargo con críticas a las políticas económicas de la Casa Rosada que sumergen en exclusión y la pobreza a millones de argentinos. También ante la falta de asistencia de la Provincia que quitó, arbitrariamente de Viedma, los planes alimentarios y de contención. Y la municipalidad, escaso de herramientas, no logra acertar en las gestiones para que “baje” la ayuda.

La clase política no está en lo urgente. Tiene otros temas importantes: aprobación de los presupuestos, internas partidarias, ingeniería electoral, encuestas y disputas por las candidaturas para 2019.